La mayoría no debería votar sin aprobar un test básico de conocimientos.

La cola en el colegio electoral serpenteaba por el pasillo, más allá del cartel de salida de incendios, desconchado, y de la máquina expendedora que llevaba «Fuera de servicio» desde, como mínimo, hacía tres gobiernos. La gente miraba el móvil, avanzando a pasitos cada pocos segundos, con los dedos manchados de tinta de folletos doblados que nadie había leído de verdad. Un adolescente con sudadera con capucha le susurró a su amigo: «Espera, ¿cuál era el primer ministro otra vez?», y ambos se rieron, avergonzados, pero no lo bastante como para buscarlo en Google.

Cerca de la puerta, una mujer mayor apretaba la papeleta como si fuera una tarjeta de fidelización de un supermercado al que apenas iba. Suspiró: «Yo voto como votaba mi marido; él solía saberlo». El voluntario asintió con educación, apartando la mirada. La escena resultaba familiar, casi rutinaria, pero por debajo corría una tensión silenciosa, de esas que se notan antes de una tormenta.

Nos decimos que esto es la democracia funcionando.
Rara vez nos preguntamos quién entiende de verdad lo que está haciendo.

Cuando la papeleta se convierte en una conjetura a ciegas

Sobre el papel, el sufragio universal suena casi sagrado. Una persona, un voto, sin preguntas. El problema es que, en la vida real, esas «sin preguntas» quizá sean precisamente el asunto. Entra en casi cualquier colegio electoral y encontrarás a gente que no sabría nombrar una sola política más allá de un eslogan, ni explicar qué es un déficit presupuestario, ni decir qué controla realmente su ayuntamiento.

No son tontos. Están ocupados, cansados, sobrecargados, distraídos. Pero aun así están a punto de ayudar a decidir quién gobierna un país.

Todos hemos estado ahí: ese momento en el que vas a marcar una casilla y te das cuenta de que, básicamente, estás votando por una sensación, no por un programa. Multiplica eso por millones y obtienes algo increíblemente frágil escondido tras una palabra que parece muy sólida: «democracia».

En 2018, una encuesta en Estados Unidos descubrió que solo el 36% de los encuestados podía nombrar correctamente los tres poderes del Estado. En algunos países europeos, una parte considerable del electorado no sabe diferenciar entre el parlamento nacional y el Parlamento Europeo, pero comparte con seguridad memes electorales por WhatsApp.

Una vez hablé con un repartidor de 42 años a la salida de un colegio convertido en centro de votación. Era gracioso, agudo, espabilado. Pero cuando le pregunté qué le había convencido para apoyar a un partido concreto, dijo: «Son los que están contra todos los impuestos, ¿no? Mi primo dijo que van a quitar el IRPF». Ese partido nunca prometió eso. Ni de lejos.

Se encogió de hombros cuando se lo dije. «Bah, yo siempre les he votado igualmente». Luego entró y emitió un voto que valía exactamente lo mismo que el de un abogado constitucionalista. Podrías decir que eso es bonito. También podrías decir que es aterrador.

Parte del problema es que la política ahora viene envuelta en un embalaje de entretenimiento. Clips, memes, medias frases arrancadas de contexto. Un candidato tropieza en un escalón o pronuncia mal una palabra y eso se convierte en la noticia de la semana, compartida más que cualquier dato serio sobre sanidad o pensiones. La economía de la atención premia la indignación y la simplicidad, no los matices ni los gráficos.

Así que la gente entra en la cabina con la cabeza llena de impresiones en lugar de información. Recuerdan quién «pareció fuerte» en televisión, quién soltó la frase más pegadiza o a quién mencionó su influencer favorito. Votar empieza a parecerse menos a un acto cívico y más a deslizar el dedo ante una encuesta en las historias de Instagram.

Seamos sinceros: nadie verifica a fondo cada afirmación que escucha durante una campaña electoral. El resultado es un sistema en el que los sentimientos pueden ahogar al conocimiento, y en el que un voto totalmente desinformado pesa exactamente lo mismo que uno basado en meses de lectura seria. En algún momento, hay que preguntarse: ¿es eso realmente justo?

Una prueba básica antes de la papeleta

Imagina lo siguiente: antes de cada elección nacional, los ciudadanos reciben un cuestionario online sencillo. Diez, quizá quince preguntas básicas. No sobre ideología, no sobre a quién apoyas, sino sobre cómo funciona el sistema y de qué van estas elecciones en concreto. Cosas como: «¿Qué controla este parlamento?», «¿Cuánto dura una legislatura estándar?», «¿Cuál es el papel de la oposición?».

Haces el cuestionario en el móvil, en casa, en el autobús, donde sea. Si apruebas, se activa tu tarjeta electoral. Si suspendes, puedes repetirlo tantas veces como quieras hasta acertar. Sin preguntas trampa, sin logos de partidos, sin agenda oculta. Solo: ¿entiendes el contexto mínimo de la decisión que estás a punto de tomar?

El carné de conducir no te dice qué coche comprar. Solo confirma que conoces las señales y las normas. ¿Por qué el derecho a dirigir una nación debería exigir menos?

A algunas personas la idea les crispa al instante. Suena elitista, excluyente, casi cruel para quienes ya se sienten ignorados. Existe un miedo muy real a que las pruebas de conocimientos se utilicen como arma contra minorías, pobres o quienes simplemente no tuvieron una buena educación. La historia ofrece ejemplos oscuros de pruebas de alfabetización usadas para impedir votar a la población negra en Estados Unidos. Esa cautela es sana.

Sin embargo, la alternativa con la que convivimos hoy tampoco es neutral. Cuando la gente vota sin la menor idea de las consecuencias, el resultado puede ser un gobierno impulsado no por la voluntad de una mayoría informada, sino por la confusión, la apatía y el absurdo viral. Fingir que eso es una forma más pura de democracia es consuelo, no verdad.

El núcleo emocional de la resistencia es este: a nadie le gusta que le digan que «no sabe lo suficiente». Duele. Así que una prueba así tendría que sentirse como apoyo, no como castigo. Menos examen y más cinturón de seguridad.

El debate real no es si todo el mundo debería tener derecho a votar, sino si estamos dispuestos a asociar alguna responsabilidad a ese derecho, en absoluto.

Una prueba básica de conocimientos podría plantearse como una promesa del Estado: «Te daremos herramientas, no solo eslóganes». Talleres nocturnos baratos en centros cívicos. Vídeos explicativos cortos sin colores de partido. Recordatorios que se parezcan más a un aviso para actualizar el software que a un profesor regañándote por no hacer los deberes. Si se hace con cuidado, la prueba se convierte en una puerta hacia el empoderamiento, no en un portero.

Por supuesto, hay una pregunta enorme e inevitable: ¿quién redacta las preguntas? ¿Quién decide qué es «conocimiento básico»? Esa es la parte más difícil, y la razón por la que esta idea fascina y asusta a la vez.

Cómo podría funcionar de verdad una prueba de voto justa

Si aceptamos la premisa controvertida -que la mayoría de la gente debería superar una prueba básica de conocimientos antes de votar- entonces la única conversación responsable es sobre cómo evitar que se convierta en un arma. Empecemos por una transparencia radical. Todo el banco de preguntas debería ser público, de forma permanente, online y offline. Sin sorpresas. Sin cambiar las reglas a mitad de partido.

Todo el mundo conocería el conjunto de posibles preguntas con meses de antelación, como un examen muy público a libro abierto. Asociaciones cívicas, escuelas e incluso partidos políticos podrían usarlas para talleres. El objetivo no es pillar al votante, sino elevar a todo el mundo a un mismo umbral mínimo de comprensión antes de entrar en la cabina.

Las preguntas las redactaría un panel rotatorio: abogados constitucionalistas, docentes, estadísticos, quizá incluso ciudadanos elegidos al azar, seleccionados como jurados. Todos los debates sobre la redacción se emitirían en directo. ¿Aburrido? Totalmente. Ese es el objetivo.

También está el ángulo tecnológico, y ahí es donde la gente entra en pánico en silencio. Fugas de datos, sistemas hackeados, miedo a que la propia prueba esté sesgada por quienes construyen el software. Cualquier sistema que vincule el derecho a voto a una herramienta online necesitaría un rastro en papel a prueba de bombas. Piensa en: pruebas imprimibles en oficinas de Correos, bibliotecas y ayuntamientos, disponibles semanas antes del día de la elección, corregidas al instante con una plantilla sencilla que puedas comprobar tú mismo.

Para quienes no tengan internet o tengan baja alfabetización, podrían organizarse «días de preparación del votante» comunitarios. Voluntarios explicando, con paciencia y sin juicio, qué es una coalición, qué hace un referéndum, por qué un voto en blanco no es lo mismo que no votar. Es más lento, más desordenado, más caro. También es la única forma de que esta idea no se convierta en otra barrera más para los mismos grupos que siempre quedan fuera.

Hay una frase de sentido común inevitable aquí: una democracia que puede gastarse miles de millones en campañas también puede permitirse unos pocos millones para ayudar a la gente a entender qué está votando.

Aun así, hay una capa ética más profunda que no desaparece. Incluso con talleres amables y preguntas públicas, una prueba divide a la gente en «apta» y «aún no apta». Eso chirría con el ideal central del sufragio universal. Algunos teóricos políticos sostienen que el propio caos de los votos desinformados forma parte del pacto democrático, el precio que pagamos por decir que toda voz adulta cuenta, pase lo que pase.

Un especialista en ética al que entrevisté hace unos años me dijo: «En el momento en que empiezas a medir quién es “apto” para votar, abres la puerta a que alguien decida con el tiempo que algunas personas nunca deberían aprobar». Ese es el terreno resbaladizo que la gente teme, y tiene razón en temerlo. La historia está llena de regímenes que empezaron con «solo una pequeña prueba» y terminaron con grupos enteros borrados de la vida pública.

Aun así, la pesadilla del futuro no borra la frustración del presente: gobiernos ganados con mentiras desmentidas en tiempo real, referéndums inclinados por eslóganes que no sobrevivían a una sola pregunta seria. Entre la fe ciega en el sistema actual y el riesgo oscuro de examinar, las sociedades quedan atrapadas en un término medio estrecho e incómodo.

«Un voto no es un conjuro mágico. Es una decisión con víctimas reales y ganadores reales. Pretender que es sagrado solo porque ocurre dentro de una cabina es un mito perezoso».

• Mantener la prueba estrictamente procedimental: preguntar solo cómo funcionan las instituciones, qué decide esta elección, derechos y deberes básicos. Nada de ideología, nada de preferencias políticas.
• Ofrecer herramientas de preparación gratuitas e ilimitadas: folletos en papel, explicaciones por radio, programas para adultos que nunca tuvieron educación cívica.
• Proteger a las minorías desde el diseño: reservar plazas para grupos de derechos civiles y organizaciones comunitarias en el comité redactor, con poder de veto sobre preguntas sesgadas.
• Permitir participación simbólica: aunque alguien suspenda repetidamente, puede emitir un voto «consultivo» registrado por separado, para que su voz se vea, aunque no cuente en el total oficial.
• Fijar una cláusula de caducidad estricta: la ley que autorice la prueba debe expirar tras un número fijo de ciclos electorales salvo renovación por supermayoría, forzando un debate público regular.

¿Qué tipo de democracia queremos en realidad?

Detrás de toda esta controversia hay una pregunta silenciosa y algo incómoda: ¿queremos una democracia puramente igualitaria, o una que intente ser un poco competente también? Tratamos el «sufragio universal» como si estuviera grabado en el universo, pero en la mayoría de países apenas tiene un siglo. Antes de eso, la gente tenía que poseer tierras, ser hombre, superar pruebas de alfabetización o pertenecer a ciertas razas para contar.

La idea de una prueba básica de conocimientos roza ese pasado doloroso, pero también conecta con un miedo muy moderno: que nuestra política esté impulsada por personas que no saben -y no quieren saber- lo que hacen. Es más fácil sacudir la cabeza ante «votantes tontos» que preguntarse por qué la educación cívica es tan escasa, o por qué la información política se ha entregado a algoritmos y tertulias furiosas.

Puede que el verdadero punto de partida no sea una prueba obligatoria, sino un acuerdo colectivo en que votar sin la menor comprensión de lo que hay en juego no es una expresión romántica de libertad; es un hábito arriesgado que hemos normalizado. A partir de ahí, cada sociedad tiene que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar: pequeños empujones, cuestionarios opcionales o una línea dura a la puerta del colegio electoral.

Ninguna de esas opciones es neutral. Todas moldean quién es escuchado, quién se siente humillado, quién se desconecta del todo. Por eso este debate no se resolverá con artículos ingeniosos ni hilos virales. Se resolverá del mismo modo desordenado en que se resuelven tantas cosas en democracia: con gente, medio informada y plenamente humana, discutiendo hasta que algo ceda.

Punto clave	Detalle	Valor para el lector
Las pruebas de conocimientos apuntan a la comprensión, no a las opiniones	Las preguntas se centran en cómo funcionan las instituciones, qué deciden las elecciones y conceptos cívicos básicos	Ayuda a imaginar un sistema que respete el pluralismo y exija una conciencia mínima
La implementación puede incluir salvaguardas sólidas	Bancos de preguntas públicos, comités mixtos, acceso offline y cláusulas de caducidad	Tranquiliza al lector: reformas controvertidas pueden diseñarse para evitar abusos
La educación cívica es la solución real a largo plazo	Talleres, alfabetización mediática y explicaciones cotidianas de la política	Ofrece puntos de entrada prácticos para convertirse en un votante más informado

Preguntas frecuentes

• Pregunta 1 ¿Una prueba de conocimientos violaría el sufragio universal?
• Pregunta 2 ¿Quién decide qué es, en realidad, el «conocimiento político básico»?
• Pregunta 3 ¿Podrían usarse estas pruebas para discriminar a minorías?
• Pregunta 4 ¿Hay países que ya exijan pruebas políticas para poder votar?
• Pregunta 5 ¿Qué puedo hacer ya mismo para ser un votante más informado, haya o no haya pruebas?